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El ‘boom’ de las consultas populares llega al Huila

El comité 'salvemos al río Baché' está al frente de la iniciativa popular.

Hace una semana algunos habitantes de Santa María, municipio del noroccidente del Huila, se reunieron para definir que buscarán prohibir mediante consulta popular, y no por acuerdos municipales del Concejo, los proyectos mineros-energéticos en su territorio. Con eso se suman a la ola de consultas populares (este año van 44 según el registro del Ministerio de Minas y Energía) que vienen dándose en el país en desde el caso de Cajamarca, Tolima. Y no solo se suman. También están aprendiendo cómo se hicieron.

La iniciativa

Al frente de la iniciativa está el ‘Comité salvemos al río Baché’, conformado por campesinos, estudiantes, docentes y la organización Red Proyecto Sur, y que se está asesorando jurídicamente para llevar el proceso a las urnas.

Con la consulta popular, dice Andrés Perdomo, uno de los líderes del comité ambiental, se le adelantarían a los dueños de dos títulos mineros que ya existen en la zona rural del municipio, que comprenden más de 3.200 hectáreas, y que antes no habían sido explotados porque están ubicados donde hacía presencia de las Farc.

“Como ahora ya no hay problemas de orden público, pues esa gente está actualizando esos títulos pensando en empezar trabajos”, comenta Perdomo en relación a las veredas Jernalen, Buenos Aires, Mirador y Canaan, que colindan con el corregimiento de Gaitania en Planadas, Tolima, donde las Farc operó por décadas.

Son veredas que están ubicadas en la parte alta del municipio, por encima de los 2 mil metros sobre el nivel del mar, y que son de importancia porque concentran los yacimientos de ríos como Baché o Claro o las quebradas La Honda y El Oso.

Además dicen que hay preocupación de los campesinos que residen en las zonas de los títulos porque son predios que en su mayoría no tiene escrituras.

Aparte de lo minero, añade Perdomo, con la aprobación de la consulta cerrarían de tajo las intenciones de construir pequeñas centrales hidroeléctricas sobre el río Baché, principal fuente hídrica del municipio.

Este movimiento ya logró con marchas y mediante una audiencia pública que en mayo del 2016 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, negara el permiso para la construcción de una central hidroeléctrica en el río Baché que había pedido la Electrificadora del Huila desde el 2013.

“Ahora está en curso otra licencia, la comunidad ya expuso con un estudio las posibles afectaciones de intervenir el río. Estamos a la espera de que la CAM se pronuncie si da el permiso o no”, dice Perdomo.

Por eso, para blindar al Municipio de proyectos a gran escala es que la consulta popular les parece el camino más indicado, a pesar de que el Ministerio de Minas y Energía advirtió que piensa revisar su conveniencia a raíz del ‘boom’ de solicitudes hechas a partir de la consulta de Cajamarca, Tolima, en marzo de este año.

Camino a la consulta

En Santa María el camino de la consulta está dando sus primeros pasos.

Los promotores están visitando a otros grupos ambientalistas como el de la consulta popular de Cajamarca en Tolima, al tiempo que organizan la información de los títulos mineros y los proyectos que están en curso o que se piensan ejecutar allá.

“Precisamente este martes nos vamos a reunir con los integrantes del comité de Cajamarca que nos van a contar todo el proceso. También estamos buscando a unos amigos que movieron la consulta de Arauca, queremos tomar la iniciativa y empparnos bien del tema”, comenta Perdomo.

“La vemos como el ejercicio democrático esencial para sentar un precedente, porque antes con lo de las hidroeléctricas pues lo estábamos haciendo casi que a la brava. Los campesinos cuando veían carros de empresas o entidades del Gobierno no permitían el ingreso”, dice el vocero ambiental.

Para evitar ir a ‘la brava’, quieren tener el soporte jurídico y normativo empezando por los alcances de una sentencia de febrero de este año de la Corte Constitucional que dice que las comunidades tienen autonomía para decidir si quieren proyectos mineros.

“También hay que mirar cómo vamos a orientar la pregunta para no tener problemas y ser lo más claro posible”, añade Perdomo.

En el municipio de Oporapa, Huila, también viene avanzando una propuesta de consulta popular pero que en este momento está frenada por el Tribunal Administrativo del Huila justamente porque la pregunta no está relacionada con la normativa vigente.

Como la apuesta es lograr convencer de la iniciativa a todas las instancias del Municipio, los del Comité ya han hechos reuniones con las juntas de acción comunal, los concejales y el Alcalde.

El mandatario local Norberto Castro dice que le suena la idea de la consulta porque no se está yendo en contra del desarrollo minero sino que se está promoviendo el bien común.

“Yo veo necesario que podamos blindar jurídicamente nuestro territorio. Santa María es un municipio 100 por ciento agrícola y en la medida en que se afecten nuestros ríos o nuestras zonas productivas pues nos vamos a resentir todos”, dice el Alcalde.

Según Castro, en el pueblo ven como una mala referencia de minería o de proyectos eléctricos el caso de El Quimbo, el proyecto que inundó más de 6 mil hectáreas de cinco municipios, y en el que su constructora la multinacional Emgesa no ha terminado de cumplir con las compensaciones ambientales y socioeconómicas.

“Ese ha sido el detonante, creo yo”, complementa el Alcalde.

“Y es justamente eso lo que queremos evitar, lo del Quimbo, porque allá la gente empezó a protestar y a hacerse sentir cuando vieron que ya estaban haciendo los trabajos”, dice Perdomo, el líder del comité.

La meta del grupo ambientalista es llevar la consulta a las urnas antes de abril de 2018.

El próximo paso es un foro que van a hacer el 28 de octubre en el que le van a exponer a toda la comunidad lo que han averiguado y lo que necesitan para seguir adelante.

De esta manera Santa María demuestra que el efecto ‘bola de nieve’ que inició con la consulta de Cajamarca está en aumento aunque el Gobierno le quiera bajar la caña a los municipios diciendo que no son vinculantes. Además confirma que hasta departamentos como el Huila, que no dependen de la minería, no están de acuerdo con este tipo de actividades.

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