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Justicia venezolana prohibió a Leopoldo López usar Twitter

Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder de la oposición, señaló que esa orden será impugnada. “Ninguna autoridad judicial de ninguna naturaleza puede prohibirle a un individuo expresar ideas y pensamientos”

El líder opositor venezolano Leopoldo López tiene prohibido transmitir cualquier tipo de información desde su arresto domiciliario, al que fue devuelto el pasado seis de agosto tras un breve regreso al penal militar de Ramo Verde.

Así lo reveló este jueves su abogado, Juan Carlos Gutiérrez: “Leopoldo López está imposibilitado desde el punto vista jurídico de transmitir información por lo que llama el tribunal medios convencionales, no convencionales y bajo cualquier tipo de circunstancia”. Entre esos medios convencionales está contemplado el uso de las redes sociales.

López fue trasladado por primera vez de Ramo Verde a su residencia el pasado 8 de julio, para seguir cumpliendo allí la pena de casi 14 años a la que está condenado. Agentes de Inteligencia le sacaron de su casa caraqueña el primero de agosto para volverle a meter preso en ese penal, del que salió nuevamente hace cinco días.

El breve regreso de López a Ramo Verde se produjo después de que el político venezolano difundiera en Twitter varios vídeos en los que pedía a sus compatriotas continuar con las protestas contra el presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, que fue instaurada en medio del rechazo ciudadano e internacional.

En este sentido, el abogado de López señaló que en ese momento “no había sido notificado de tal prohibición, por lo tanto no había ninguna prohibición para que se expresara en los terminos en los que se expresó”.

Según explicó entonces el Tribunal Supremo, López fue trasladado de nuevo a esta cárcel militar a las afueras de Caracas al haber recibido información de los servicios secretos sobre un plan de fuga que fue negado por el letrado del líder opositor, que es considerado por Amnistía Internacional un preso de conciencia.

En una rueda de prensa en la sede del partido Voluntad Popular (VP), Gutiérrez insistió en que, durante el primer traslado a su domicilio, López tenía prohibido salir del perímetro de su casa y divulgar información sobre su caso, pero no difundir mensajes sobre otros asuntos.

“El último pronunciamiento jurisdiccional, que se ha emitido en reciente fecha, emite una prohibición categórica y absoluta de emitir información”, señaló el abogado sobre las nuevas circunstancias del fundador de VP.

“Por consejo legal que le hemos dado y le hemos insisitdo, él debe darle acatamiento. Y de la forma en la que conozco al señor LL sé que como cumplido y respetuoso de las leyes, acatará ese mandato”, agragó el abogado.

En este sentido, Juan Carlos Gutiérrez señaló que esta sentencia que le impone una censura absoluta de expresarse, vulnera derechos fundamentales y los Derechos Humanos. “Ninguna autoridad judicial de ninguna naturaleza puede prohibirle a un individuo expresar ideas y pensamientos”. El abogado indicó que el equipo jurídico de López impugnará esta orden judicial.

“López permanece en estos momentos con un grillete electrónico en el tobillo que monitorea permanentemente cada uno de los movimientos que realiza durante 24 horas”, dijo Gutiérrez sobre la situación del opositor y denunció, asimismo, la estricta vigilancia a la que está sometida la vivienda del político.

“La residencia del señor López se encuentra permanentemente vigilada, sometida al irrestricto control de comandos especializados del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)”, dijo el abogado al insistir en que la sentencia a su representado es injusta y debe “ser anulada”.

Leopoldo López ha pasado más de tres años en Ramo Verde y fue condenado en 2015 por haber convocado una marcha antigubernamental que desembocó en disturbios en los que murieron tres personas, muertes que no le fueron imputadas.

El político, de 46 años, es uno de los líderes opositores de más popularidad y forma parte de la lista de 620 presos políticos que hay en las cárceles venezolanas elaborada por la ONG Foro Penal Venezolano y certificada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

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