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Procuraduría pide iniciar extinción de bienes de Odebrecht

El procurador General, Fernando Carrillo.

El organismo de control solicita embargos preventivos sobre 15 cuentas y 15 predios.

La Procuraduría General le acaba de pedir a la Fiscalía General comenzar de manera inmediata un proceso de extinción de dominio sobre los bienes que hay en Colombia de la multinacional brasilera Odebrecht, protagonistas de la repartija de más de 84 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos estatales como la Ruta del Sol II, la vía Ocaña-Gamarra, el contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la obtención de un crédito del Banco Agrario.
Como parte de ese proceso, el Ministerio Público solicitó la adopción de medidas cautelares, como embargos, para asegurar que los bienes sean sometidos a extinción de dominio, que deberán quedar bajo depósito de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para preservar el interés general y asegurar la eficacia de la justicia.

La solicitud está sustentada en las “actividades ilícitas realizadas en Colombia por la firma Odebrecht para beneficiarse indebidamente de contratos de obras públicas ofertados por el Estado colombiano, en contravención al ordenamiento jurídico colombiano”, y en el peligro de la pérdida de los bienes de la multinacional brasilera y sus filiales.

El organismo de control ya le hizo un rastreo a la fortuna de Odebrecht, objeto de extinción de dominio, que incluye 15 cuentas bancarias, 29 subcuentas y 15 predios, entre estas un edificio en el norte de Bogotá.

Según el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, es “inaceptable que Odebrecht quiera seguir al frente de los contratos, porque aunque en Colombia no exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es lo que nosotros estamos buscando, esos señores sí ameritan una sanción social y societaria y por eso nosotros vamos a perseguir la extinción de dominio de los bienes de Odebrecht en Colombia”.

Por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Procuraduría adelanta ocho líneas de investigación, que comprometen a funcionarios del Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, así como a cuatro exministros de Estado, incluido Gabriel García Morales y Miguel Peñaloza.

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