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Gerlein y Andrade: mermelada con nombre propio

Identificar el modismo “mermelada” con corrupción ha hecho justificada carrera, pues representa la moneda con la que algunos funcionarios estatales han mercantilizado la política usufructuando contratos, créditos y otras dádivas con cargo al bolsillo de todos los colombianos, pero con beneficio exclusivo de ellos, sus familiares y su clientela electoral.

Difícil no pensar que, sin la influencia del senador Roberto Gerlein, la junta directiva del Banco Agrario, presidida por el ministro de Agricultura del Partido de la U y el ministro de Hacienda del Partido Conservador, tal vez no hubiera otorgado el irregular crédito de $120.000 millones al consorcio Navelena, uno de cuyos socios es la sociedad Valorcon S.A., propiedad de la familia Gerlein.

De este dinero perdido, el Banco Agrario ha provisionado $78.160 millones, castigando el patrimonio de todos los colombianos y, aunque ante el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá se logró el mandamiento de pago y el embargo de activos de Navelena, esta sociedad no tiene con qué responder, por lo que se hace necesario demandar a Valorcon como socio. Pero el Banco Agrario se niega a tramitar ante la Superintendencia de Sociedades el necesario proceso para levantar el velo corporativo de Navelena y perseguir a los Gerlein. Omisión que la Procuraduría debe investigar.

Por el lado del senador Germán Andrade, mediante la licitación pública 10 de 2016 de la Alcaldía Municipal de La Calera, en cabeza del partido Cambio Radical, se otorgó un contrato para mejoramiento de vías por valor de $960 millones al Consorcio Vías 2016, conformado por Jhon Jairo Andrade Serrano, en un proceso donde este hermano del presidente del Partido Conservador fue el único proponente. Algo que, según Transparencia Internacional, es la modalidad contractual más susceptible a la corrupción. El monto de este contrato representa casi el 5 % del presupuesto total de La Calera, en donde el esposo de la actual alcaldesa fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por corrupto, cuando también fue alcalde.

Son sólo algunos ejemplos de cómo, al momento de los negocios, los diferentes partidos políticos comen del mismo plato, mientras de dientes para afuera pregonan pulcritud. Aunque estos contratos aparenten legalidad, son reprochables, pues no son de acceso en libre competencia o igualdad de condiciones para cualquier colombiano o empresario que no tenga “influencia” parlamentaria.

Redacción: El Espectador

Jose Roberto Acosta

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