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‘Gobierno Santos no pagó un peso por puente que salpica a Prieto’

Presidente de la ANI dice que plata salió de contrato firmado durante el gobierno Uribe.

Un puente en Plato (Magdalena) se acaba de convertir en el nuevo objetivo dentro de la investigación por el pago de supuestas coimas a cambio de la obtención de contratos estatales.

Según la Fiscalía, el exbanquero Eduardo Zambrano –preso por la repartija de sobornos de Odebrecht– aseguró en sus declaraciones que Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos, recibió 300 millones de pesos por hacer gestiones ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se aprobaran los estudios, diseños y licenciamiento ambiental del puente, ligado a la construcción de la Ruta del Sol III.

Por ese trabajo, el país les pagó a privados 5.700 millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, le aseguró a EL TIEMPO que el gobierno Santos no giró un solo centavo para ese contrato.

“La Ruta del Sol III fue adjudicada al final del gobierno Uribe, al consocio conformado por los italianos de Impregilo, Conalvías y el Grupo Bancolombia. Y si bien el otrosí del puente se firmó en el gobierno Santos, los recursos para su ejecución salieron del contrato grande”.

Andrade dice que, tras revisar documentación, estableció que en el contrato para la construcción de La Ruta del Sol III se abrió una subcuenta denominada ‘Supervisión aérea’, para observar los avances de la obra con drones y helicópteros.

“De allí salió el dinero para los estudios del puente y, de hecho, no hemos recibido a satisfacción los trabajos porque aun falta la licencia ambiental”, dijo el presidente de la ANI, quien fue citado en septiembre a imputación de cargos por la Fiscalía dentro del caso de los pagos de Odebrecht.

Además, admitió que, como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, Prieto estivo varias veces en su oficina preguntando por varias obras.

“Una de ellas fue el otrosí de este puente. Solo dijo que era importante que se aprobara. Pero su visto bueno se debió a un estudio hecho por la ANI que responde al interés general, está dentro del marco legal y cumple requisitos técnicos y económicos. Lo que se busca es superar un embotellamiento en la troncal”, aseguró Andrade.

Y puntualizó que no puede entrar a responder por el cobro de comisiones que lobistas hagan por supuestas gestiones en entidades públicas.

En los próximos días, la Fiscalía definirá la situación jurídica de Prieto, involucrado además en el caso Odebrecht.

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