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Ecuador: ¿Por qué hay tensión entre la OEA y Lenín Moreno a raíz de la consulta popular?

La Comisión Internacional de Derechos Humanos pidió que se frene la implementación de uno de los puntos por los que los ecuatorianos votaron el pasado 4 de febrero.

El triunfo del presidente Lenín Moreno en la consulta popular del pasado domingo fue contundente. En ninguna de las siete preguntas el apoyo a sus propuestas fue menor al 65% y logró cerrarle el camino a una cuarta reelección de Rafael Correa. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró aguarle la fiesta al impugnar la decisión que se sigue de una de las preguntas de la consulta.

La CIDH y la Corte IDH forman parte del sistema interamericano de derechos humanos que opera en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El primer organismo pidió a la Corte IDH frenar la destitución de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aduciendo que el referendo pone en riesgo “los principios de separación de poderes y de independencia judicial”.

Entre los argumentos del organismo internacional están uno de los reclamos recurrentes de los opositores a la consulta: las preguntas, que debían haber recibido el visto bueno de la Corte Constitucional, fueron llevadas a las urnas sin que el alto tribunal se haya pronunciado sobre ellas.

CPCCCS, es una institución creada en la Constitución de 2008 y cuyos miembros están encargados de nombrar a los titulares de los organismos de control. Desde su creación, el Consejo era considerado el “quinto poder” del estado ecuatoriano y se había convertido en un bastión de funcionarios fieles a Rafael Correa.

El presidente Lenín Moreno, condenó la decisión de la CIDH a través de Twitter:

“He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”.

Por su parte, la canciller María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al representante permanente del país ante la OEA, el embajador José Valencia.

La cancillería justificó en un comunicado el regreso a Quito de su representante José Valencia ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” de la CIDH, que pidió medidas provisionales a favor de los funcionarios en proceso de remoción.

El pasado 26 de septiembre el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano cerró la convocatoria para que los ciudadanos propusieran las preguntas que querían someter al voto en una futura consulta popular. Los cientos de preguntas se depuraron en siete puntos que incluían desde la prohibición de la reelección de funcionarios indefinidamente, la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, y asuntos medioambientales.

Tal como señaló el organismo internacional, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de las preguntas, por lo que, la misión de observación electoral de la OEA, que vigiló el domingo en Ecuador la jornada electoral, hizo un llamado para que la Corte Constitucional ecuatoriana emita un pronunciamiento sobre la legalidad de las pregintas formuladas.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa considera que la convocatoria vulneró la Carta Magna al no contar con el visto bueno de la instancia judicial y que al menos dos de sus preguntas vulneran la legislación nacional e internacional.

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