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José Fernando Reyes, nuevo magistrado de la C. Constitucional

Reyes reemplazará al exmagistrado Jorge Iván Palacio, cargo que actualmente venía desempeñándose el interino Iván Escrucería Mayolo.

José Fernando Reyes fue elegido este miércoles como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El abogado de la Universidad de Caldas y especialista en estudios penales llega al alto tribunal para reemplazar al exmagistrado Jorge Iván Palacio, cargo en el que actualmente se venía desempeñando el magistrado interino Iván Escrucería Mayolo.

La votación, programada para las 3 de la tarde, empezó con varios minutos de retraso porque, entre otras cosas, el Senado le entregó una condecoración al atleta Eider Arevalo, campeón mundial de los 20 kilómetros de marcha. Reyes obtuvo 49 votos, seguido por John Jairo Morales con 40 y Judith Bernal de Valdivieso no tuvo ningún sufragio.

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional llega al alto tribunal después de haber trabajado como juez penal municipal y penal del circuito, procurador para asuntos penales, y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, cargo en el que desempeñaba actualmente. Reyes cuenta con un doctorado en derecho penal de la Universidad de Salamanca (España).

No duró más de 30 minutos la votación la Plenaria. Ayer, el Senado les concedió la palabra a los candidatos para que expresaran sus motivos de por qué debían ocupar la plaza del magistrado Jorge Iván Palacio, quien en marzo pasado terminó su periodo de ocho años en la Corte Constitucional. Precisamente, por estos días, ese tribunal ha tomado trascendentales decisiones frente a los Acuerdos de Paz.

Por eso, la elección de Reyes es clave para la Corte que por estos días, además de su división interna, tiene en su agenda los decretos, proyectos de ley y actos legislativos tramitados en el Congreso. Estos son la Jurisdicción Especial para la Paz, la participación en política de las Farc, la Ley de Amnistía, la reforma agraria, la realización del inventario de bienes de la guerrilla y el blindaje jurídico al Acuerdo de paz.

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