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La “reforma” a la reforma política: van siete artículos eliminados

Una de las primeras propuestas votadas este martes, en la continuación del debate en la Cámara de Representantes, fue la eliminación de seis artículos. Anteriormente ya había sido eliminado el primero, que molestó a la Procuraduría y la Contraloría.

La primera propuesta en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de este martes fue la eliminación de los artículos 6, 8, 9, 11, 12 y 20 del texto presentado por el Gobierno y concertado con algunos de los partidos políticos.

Una propuesta aprobada por 24 de 26 votos. De esta forma, la reforma política saldrá de la Comisión Primera de la corporación con casi la mitad de los artículos (15 de 22) que fueron presentados, pues en sesiones pasadas fue eliminado el artículo primero.

Dentro de los argumentos que expusieron algunos de los legisladores es que no tenían una conexión directa con el Acuerdo de Paz y que lo importante era aprobar los artículos que cumplieran con esta condición.

¿Qué se eliminó? El artículo 6 del texto determinaba la prohibición de contribución a partido, movimiento políticos o candidatos, o a inducir a otros a hacer, por parte de quienes desempeñen funcionen públicas, “salvo los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, quienes, en caso de hacer tales contribuciones, deberán declararlo públicamente”.

También se eliminaron los artículos 8 y 9, que determinaban la edad mínima para aspirar al Congreso de la República. Más de 28 años para Senado y más de 23 años para la Cámara. Reduciendo dos años en cada caso para poder aspirar a estos cargos de elección popular.

Se eliminó el artículo 11, que modificada las causales de pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas de elección popular. Por otra parte, también se excluyó el artículo 12, que agregaba al artículo 184 de la Constitución un párrafo que señala que cuando un proceso de pérdida de investidura afecte a un congresista “la primera instancia será conocida por una sala accidental compuesta por un magistrado de cada una de las secciones (del Consejo de Estado); y la segunda, por la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estados con exclusión de quienes integraron la sala accidental”.

Por último, el artículo 20 de la reforma, eliminado este martes, se refería a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de las entidades territoriales. Agregaba que “en todo caso, la aprobación del presupuesto por parte de las corporaciones públicas del nivel territorial estará sujeto a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana previsto en el artículo 346”.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha sostenido en varios escenarios que el objetivo de la reforma política ha sido la apertura democrática, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por la Misión Especial Electoral. Sin embargo, muchos consideran que con las consesiones hechas por el Gobierno se ha desdibujado el objetivo principal, a pesar de que Rivera señala que se han mantenido, hasta el momento, los puntos más importantes.

Las discusión también se centra en la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos desde 2019, esto es, la recolección de firmas para inscribir candidatos a una elección popular. El Gobierno sostiene que intentará mantener esta figura, al menos, en las elecciones locales. Aunque muchos consideran que esta es una forma de abrir las formas de llegar al poder, otros consideran que la figura ha sido desnaturalizada y hoy recogen firmas candidatos que han pertenecido siempre al establecimiento político o jefes de partidos políticos que pueden contar, sin problemas, con avales de las colectividades.

Incluso, han señalado que varios de los candidatos se han decidido por la recolección de firmas para marcar distancia de los problemas de corrupción en los que están relacionados sus partidos políticos y hasta para adelantar la campaña presidencial, debido a que hacen proselitismo desde las caminatas realizadas por las calles del país para recolectar el apoyo ciudadano.

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