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Procuraduría pide a Judicatura investigar a Francisco Ricaurte y Luis Gustavo Moreno

El Ministerio Público dice que Ricaurte y Moreno, en su condición de abogados, habrían incurrido en faltas contra la dignidad de la profesión por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría General le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que investigue, en su condición de abogados, al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, y al exfiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, por su presunta participación como intermediarios del exmagistrado Leonidas Bustos en el cobro de sumas de dinero para afectar decisiones judiciales.

Según el Ministerio Público, a esta investigación deberán ser vinculados todos los abogados que, presuntamente, mediaron en su momento para obtener beneficios económicos, los cuales “habrían incurrido en faltas contra la administración de la justicia y los fines del Estado”. Por eso, el organismo de control dice que deberían investigar a los juristas que, para el momento de estos hechos, no ejercían funciones públicas.

Esta solicitud, dice la Procuraduría, radica en las investigaciones que actualmente adelanta la Corte Suprema de Justicia en relación con la presunta exigencia económica de $2.000 millones por parte de Bustos y Moreno para frenar una orden de captura al senador Musa Besaile y otras actuaciones penales. (Lea: Declaración del exmagistrado auxiliar José Luis Reyes, clave en el proceso contra Besaile)

En el caso del exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Gerardo Torres Roldán, conocido como Yayo, el Ministerio Público también pidió se les investigue por el posible pago que habría hecho el senador Hernán Andrade para lograr el archivo, en 2014, de una indagación en su contra, hecho que también es investigado por la Procuraduría.

“Los abogados habrían incurrido en faltas contra la dignidad de la profesión, la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, y la honradez del abogado”, dice el organismo de control que, agrega, las acciones desplegadas por los abogados habrían constituido un ejercicio ilegal de la profesión, según el Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007).

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