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El llamado a juicio contra Gustavo Moreno

El exfiscal anticorrupción es acusado por el caso que se desprende del operativo de la DEA. Los magistrados de la Corte deberán estudiar una nueva aceptación de cargos. Este proceso entra en su recta final.

El magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández tiene en su poder varias de las investigaciones por el llamado cartel de la toga. Para empezar, los casos de los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, señalados de haber recurrido a los miembros de este cartel para frenar las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia les adelantaba.

Además, en su despacho también reposa la extradición exprés contra el abogado Gustavo Moreno, quien antes de ser enviado a Estados Unidos está en un proceso de colaboración con las autoridades colombianas por hechos delictivos que conoció mientras fue abogado litigante.

Por si fuera poco, este lunes, un tercer caso clave en las investigaciones de corrupción que sacuden a la justicia, volvió a caer en su escritorio. El magistrado Hernández tendrá que resolver la acusación que la Fiscalía Delegada ante la Corte radicó en contra del exfiscal anticorrupción Moreno, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.

Con una nueva aceptación de cargos firmada por parte de Moreno, el fiscal Jaime Camacho buscará una sentencia anticipada por este caso, que se desprende de la operación adelantada por la DEA en Estados Unidos y que desató una tormenta judicial en Colombia. Luego de semanas de seguimientos e interceptaciones de conversaciones, Gustavo Moreno terminó recibiendo en Miami, de parte del exgobernador Alejandro Lyons, USD $10.000 como soborno para beneficiarlo en las investigaciones que se adelantaban en su contra.

Según la Ley, por aceptación de cargos durante la audiencia de imputación de cargos, Moreno tenía derecho a un descuento de hasta del 50% de la pena. En el escrito que la corte comenzó a estudiar, Moreno insiste en que le valgan el allanamiento a cargos que le fue negado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Bogotá durante una audiencia que se le salió de control al exfiscal anticorrupción.

En la diligencia realizada a mediados del mes de julio, Moreno dio a conocer unas supuestas amenazas y presiones de la Fiscalía en contra suya y de su familia, con lo cual echó por la borda cualquier posibilidad de obtener el máximo descuento de pena. El magistrado consideró que la aceptación de cargos de Gustavo Moreno no era libre y voluntaria y en tres ocasiones le negó la posibilidad de allanarse a cargos.

De manera que la primera decisión que deberá tomar la corte es si, luego de escucharlo en audiencia, le admite a Moreno su insistencia de aceptación de cargos en la etapa procesal que señala o, por el contrario, determina que esta aceptación se dio en el marco de la acusación, con lo cual solo podrá obtener la tercera parte de rebaja como máximo.

A menos de que Moreno siga sosteniendo las supuesta existencia de una coacción de la Fiscalía en su contra, el curso del proceso terminará con una sentencia anticipada, de manera que en pocos meses y sin ir a juicio se dará un veredicto final.

La fiscalía delegada ante la corte lo acusa de dirigir y de coordinar las investigaciones contra la corrupción así como de detectar casos susceptibles de ser priorizados. El ente acusador tiene como evidencia las llamadas telefónicas a través de las cuales Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons mantuvieron comunicaciones encriptadas, que fueron guardadas y entregadas por el exgobernador de Córdoba a las autoridades.

Dice además que en un día entre febrero y marzo, Moreno y Pinilla buscaron a Alejandro Lyons en el apartamento que este tenía en Bogotá. Se reunieron con él en una Toyota 4Runner y Moreno manifestó que tenía dos testigos que iban a declarar en su contra. Que le ayudaría en su caso restándole credibilidad a los testigos.

Los testigos son Maximiliano García Bazzanta y Jesús Henao, quienes solicitaron a Moreno y a Pinilla a comienzos del 2017 que dieran inicio al trámite del principio de oportunidad en el caso relacionado con el desfalco de las regalías del departamento. El fiscal Camacho también precisó que se intentó a través de los medios de comunicación presionar los pagos de Lyons con las declaraciones de estos testigos.

Para el ente acusador, Moreno ocupaba una posición de poder, lo que lo pone en una circunstancia más grave desde el punto de vista penal. Este martes también se radicó escrito de acusación en contra del abogado Leonardo Pinilla, quien espera en el pabellón de extraditables su envío a Estados Unidos. Por ahora, deberá responder en Colombia por el delito de concusión.

Este caso de Moreno, sin embargo, podría afrontar nuevos tropiezos en el marco de la aplicación de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia frente al caso de los hermanos Nule. En este fallo, el alto tribunal planteó que no es suficiente la aceptación de cargos para obtener el descuento de la pena, sino que es necesaria la devolución de por lo menos la mitad del dinero obtenido a través de delito. También se estableció que si la Fiscalía tiene elementos suficientes para condenar puede oponerse a los beneficios producto del allanamiento a cargos.

Sin embargo, estos son asuntos que tendrá que estudiar la corte, teniendo en cuenta que Moreno ha empazado a declarar sobre todos los casos de corrupción contra aforados que conoció desde sus épocas de litigante. En cuanto a hechos ilegales cometidos como fiscal son varias las pistas que persigue el ente investigador, documentos, celulares y negocios en donde su nombre aparezca comprometido. De manera que su historial judicial en el país continuará.

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