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Fiscalía no entregará a la JEP informes sobre bienes de Farc

En una carta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, anuncia que no entregará a la JEP informes sobre bienes no inventariados de las Farc porque no son de su competencia y le pide a ese tribunal que resuelva el nuevo conflicto entre las jurisdicciones.

En la misiva, Martínez dice que, según el acuerdo de paz, los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria.

Entonces, con ese argumento, el fiscal asegura que los bienes que no hubieran sido inventariados hasta agosto del 2017 relacionados en un acta expedida por las Farc, quedan “inobjetablemente” afectos a los trámites de la legislación ordinaria respecto de cualquier bien o patrimonio de origen ilícito.

Enfatiza el fiscal que siendo un mandato constitucional a cargo de la Fiscalía extinguir esos activos ilícitos, “el despacho debía iniciar las investigaciones encaminadas a obtener el trazo de tales activos, por lo cual se dispuso un cuerpo integrado por 400 investigadores y dicha actividad llevó a que los funcionarios revisaran 13 millones de archivos”.

Resultados sobre los bienes ilícitos de las Farc

El máximo representante del ente acusador dice que lograron establecer la existencia de 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 107 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores y varias evidencias de caletas en dinero en efectivo, representada en moneda colombiana y dólares de Estados Unidos, que no fueron inventariados y cuyo único destino es la extinción del dominio.

Todo esto suma cerca de 2.3 billones de pesos, “cifra que dobla con creces la relacionada en el inventario entregado al Gobierno”, asegura el documento.

Por esa razón, el fiscal general explica que la JEP “llega a la extravagancia de considerar que todos los bienes de las Farc que, como producto de sus pesquisas, encuentre en adelante la Fiscalía deberían tenerse como parte de los propios bienes inventariados de las Farc y, claro está, de esa manera no podrían ser objeto de extinción de dominio”.

Ahí es donde asegura que se presenta el conflicto de competencias.

“Una de las salas del tribunal especial para la paz demuestra que esa sección ha asumido la competencia para solicitar información y adoptar medidas cautelares sobre bienes no inventariados por las Farc. Al hacerlo, esa corporación no solo se extralimita en el ejercicio de las funciones otorgadas, sino que se arroja otras que le corresponden a la justicia ordinaria”.

Agrega Martínez que con esas providencias la JEP asume competencias que no le corresponden y que han sido confiadas a la Fiscalía y a los jueces de extinción de dominio y, por eso, le pide a la Corte Constitucional que “ordene a la sección primera instancia para los casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de forma inmediata, remita la actuación a esa corte para que se pronuncie respecto de ese conflicto de competencia entre jurisdicciones”.

Así las cosas, le pide a la Corte Constitucional que resuelva el conflicto positivo de competencias, pues “se escapa de la competencia de la jefa los bienes no inventariados por las Farc en su oportunidad”.

Hace unos días, la JEP advirtió a la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, y al Ministerio del Interior que tenían tres días para presentar el informe en el que detallen todos los bienes que entregaron las Farc para que esa jurisdicción determine si decretan medidas cautelares sobre los mismos.

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