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Gobierno amplió cuatro meses suspensión de contrato para rescatar galeón San José

Blu Radio conoció una resolución del Ministerio de Cultura firmada por la secretaria general, Claudia Isabel Niño, con la que se prorroga la suspensión del proceso de selección para el contrato de rescate de los bienes del barco hundido en 1708.

El Gobierno aún no decide frente a la propuesta de Maritime Archaeology Consultants, sobre la cual hubo numerosas críticas de la academia y del mundo científico, inclusive de organizaciones internacionales.

Hay que recordar que el presidente Santos, en las últimas dos semanas de su gobierno, decidió suspender la adjudicación del contrato que estaba muy cerca de concretarse por una acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Aunque el tribunal decidió darle la razón al Gobierno antes de finalizar su periodo de poder, el presidente Santos quiso dejarle la solución final a su sucesor.

Una vez se instaló el Gobierno Duque, el Ministerio de Cultura suspendió la adjudicación para estudiar todo lo relacionado al proceso de alianza público-privada en la que había trabajado el gobierno anterior desde el año 2015, cuando se produjo el hallazgo.

Con esta nueva suspensión, esta vez por cuatro meses, el Gobierno se puso la meta de saber qué va a pasar con el barco y tener una decisión consolidada hasta febrero de 2019.

La empresa originadora de la propuesta, que alega haber ayudado a encontrar el barco en 2015 e invertir más de 6 millones de dólares, es la británica Maritime Archeology Consultants.

Un elemento importante del documento es que este Gobierno reconoce la característica de la APP sin la destinación de recursos públicos. Duque dijo en campaña que le gustaba más la idea de rescatar el barco contratando a un privado, pero pagándole con recursos del presupuesto de la Nación y no a través de lo que se halle en el barco.

Esa última posibilidad parece posible pues la Ley 1675 de 2013 estableció que para los hallazgos marítimos el privado puede quedarse hasta con un 50% de lo que no sea considerado como patrimonio cultural sumergido.

Un consejo conformado por varios ministerios, la Universidad Nacional, grupos de expertos y delegados de Presidencia se reúne para debatir sobre qué es y qué no es patrimonio cultural sumergido, y lo que no sea categorizado como tal irá a las arcas de la compañía que hizo el rescate.

Sin embargo, el Gobierno se encontró con una realidad muy lejana de la idea del presidente. Los ministerios pidieron más recursos, igual que los diferentes sectores, debido a una crisis presupuestal que no deja mucho margen para que el Estado pueda pagar por su cuenta lo que vale extraer, a más de 600 metros de profundidad, todas las piezas del barco en un proceso dispendioso para conservar la historia de cada joya y elemento.

El Gobierno se basa en los principios de planeación, debido proceso, legalidad y economía para ampliar la suspensión. En conclusión, el galeón seguirá en el fondo del mar esperando su destino y Maritime Archaeology también a la espera de que le den el poder de sacar los bienes o de iniciar posibles demandas contra el Estado.

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