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La Procuraduría ¿Una luz de esperanza para las galerías?

Por Manuel Salvador Molina Hurtado
Abogado Constitucionalista y Administrativista

Según Jorge Pulecio, economista de la Universidad Nacional, experto en desarrollo regional y desarrollo urbano, investigador del Centro de Investigación del Desarrollo de esa Universidad y vicedecano y profesor de ciencias económicas, con dos maestrías: una en Impactos territoriales de la globalización en ámbitos centrales y periféricos de la Universidad Internacional de Andalucía, en España, y otra en teoría económica de la Unicamp, en Sao Paulo, Brasil, las plazas de mercado son baluartes de la soberanía y seguridad alimentaria.

Ello, porque son espacios de articulación directa campesina en los municipios y modelo de comercio popular que garantizan a las comunidades la continuidad de la producción y oferta de bienes de calidad y su resultante intercambio a niveles local y regional; en otras palabras, la generación de comercio interno y en las zonas cercanas con sus importantísimos y convenientes impactos económicos y colectivos tales como la generación de trabajo variado y los ingresos económicos para las familias de quienes intervienen en esta cadena de servicios, que se trasladan a incentivar y dinamizar la economía, a emerger como instrumento de desarrollo integral y de progreso para todos.

En este sentido, se acaba de pronunciar -el jueves 16 de septiembre, esto es, hace escasos tres días- la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante la expedición del Memorando 013 de 2021, requiriéndoles a los mandatarios territoriales adelantar las actuaciones necesarias para fortalecer el abastecimiento a la población y la comercialización de productos en las plazas de mercado.

Además, de recordarles y puntualizarles que estas instalaciones y construcciones públicas deben contar con las condiciones y la capacidad suficiente para fortalecer la comercialización de la agricultura campesina. En consecuencia, demandó de los alcaldes municipales y distritales garantizar la existencia, rehabilitación, operación y funcionamiento de las plazas de mercado.

También, a que adelanten las actuaciones necesarias para fortalecer el abastecimiento a la población y la comercialización de productos en días y horas que favorezcan a los CONSUMIDORES Y PRODUCTORES LOCALES, con un óptimo desarrollo sanitario, ambiental, económico y social.

Nótese que se rescata el derecho que tiene el ciudadano de afuera de la galería: el consumidor o comprador de productos de todo orden, como artesanales, alimentos preparados, ropa, zapatos, plantas, etc. De idéntica forma, se impone la prevalencia del productor campesino: de la tierra directo al puesto. Y que los días y horas de apertura de la plaza se determinaran con arreglo a las necesidades de todos los anteriores.

Como se observa, por ningún lado se contempla la posibilidad de que la exclusiva votación mayoritaria de un sector de los usuarios o vendedores establezca dichos días y horarios. La nefasta dictadura de las mayorías.

Haciendo énfasis en que para el Ministerio Público las plazas de mercado públicas “son un instrumento esencial para la comercialización de productos agropecuarios, para la reducción de intermediación comercial, para incentivar los circuitos cortos de comercialización y para fortalecer el mercado local”.

Y, de remate, les recordó que la inobservancia de las normas que regulan el funcionamiento de las plazas viola, entre otros, la libre competencia económica y los derechos de los consumidores y usuarios.
Ahora, si abre la probabilidad de violarse derechos ya señalados con suficiencia, los servidores públicos han de cuidarse de que por su conducta omisiva o por acción de cara a lo expuesto, se expongan a investigaciones por parte de este ente de control disciplinario.

En este orden de ideas, se hace indispensable que los mandatarios dejen la torcida y dañosa costumbre de pagar favores electoreros con el contrato de administración de las galerías y, al contrario, procuren seleccionar personas idóneas y honestas en ese oficio. Y de abrir las compuertas a la participación ciudadana en las decisiones que se tomen con respecto a las plazas de mercado. Nada de despotismos.

Pues bien, este claro y contundente pronunciamiento del Ministerio Público corrobora hasta la saciedad que esta emisora, “La Fiera” y particularmente su Noticiero Momento Huilense en cabeza de su Director Guillermo León Sambony, la comprometida actitud investigativa del periodista Javier Martínez, al igual que el sencillo aporte de este columnista han navegado en las aguas de la verdad, la Ley y la justicia social en defensa de la galería de Timaná, y en el reconocimiento a los municipios que como Garzón, Elías, Oporapa e Isnos, sobresalen por sus encomiables esfuerzos para asegurarles su digna sobrevivencia y proyectarlas como auténtico valor histórico y cultural.

Para terminar, cabe preguntarse, ¿Se cuenta con alcaldes conscientes para ejecutar esta labor tal como lo ordena el orden jurídico? ¿de personerías y procuradurías provinciales que velen por su aplicación? ¿de concejales que le hagan controles político y administrativo a esta ejecución? ¿de ciudadanía vigilante?

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