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“Sin los familiares de las víctimas, la búsqueda de desaparecidos no tendrá éxito”

El Espectador habló con la directora de Desarrollo Institucional y de la Sociedad Civil de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, sobre los retos que enfrenta Colombia en la búsqueda de personas desaparecidas tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

En Colombia, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a fecha de 2016 había 60.630 personas desaparecidas. Una cifra que cobra relevancia, no solo porque precisamente hoy se conmemore el Día Internacional de los Desaparecidos, sino porque el tema es uno de los ejes centrales del Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación contemplado en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.

El Espectador habló con Deborah Ruiz Verduzco, directora de Desarrollo Institucional y de la Sociedad Civil de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), una organización internacional establecida en la década de los noventa que tiene como mandato apoyar a los Estados a cumplir con su responsabilidad de investigar y dar cuenta de personas desaparecidas. La ICMP ha apoyado procesos en países con índices de desaparecidos (algo que sucede, según Ruiz Verduzco, en casi cualquier territorio), incluyendo a Colombia, en donde el trabajo se dio incialmente entre 2008 y 2010 y se ha fortalecido recientemente dado que el reciente acuerdo de paz menciona a la ICMP como uno de los acompañantes internacionales.

Aunque Ruiz Verduzco resalta que desde hace un par de décadas hay iniciativas para investigar y dar cuenta de las personas desaparecidas, que hay un marco legal “bastante robusto” y que el acuerdo de paz “inyectó voluntad política al esfuerzo” de encontrar a los desaparecidos, sostiene que el que sigue no es un camino fácil. Son numerosos los retos que se deben sortear, así como las prioridades que se deben definir para que este se un proceso exitoso. Lo principal, más allá de las consideraciones técnicas, es que las víctimas y sus derechos sean el punto de partida y el centro.

Qué impacto tiene en una sociedad que en un país haya más de 60 mil desaparecidos?

¿Hay un impacto humano. La vulnerabilidad de un familiar de una persona desaparecida es enorme. Eso transferido a un punto de vista macro lleva a preguntarse cómo podemos consturir paz cuando los derechos a la verdad y justicia de un sector tan grande de la población no se hacen efectivos y el Estado no ha dado respuesta. Pero quiero revertir la pregunta: ¿qué significa que ahora se está tomando las medidas para dar cuenta de estos hechos? Es un elemento esencial para la construcción no solo de la paz, sino de un Estado que proteja los derechos de sus ciudadanos.

¿Qué necesidades tiene Colombia en la búsqueda e identificación de desaparecidos?

Colombia ha tenido muchas iniciativas a lo largo, especialmente, de los últimos 20 años para la investigación y dar cuenta de personas desaparecidas. Existe un marco legal bastante robusto. La complicación ha sido siempre en la implementación, porque hay redundancia de instituciones, sin claridad de sus competencias y con una necesidad urgente de coordinación y de liderazgo. Lo que el acuerdo de paz hizo fue crear una institución nueva, la Unidad de Búsqueda. Se espera que esa unidad sea operativa, tenga los recursos y el marco jurídico para generar la coordinación necesaria con otras instituciones, porque la búsqueda no recae en una sola dependencia, sino que es una acción del Estado de manera transversal a varias instancias.

Es decir, hay garantías para la búsqueda de desaparecidos, pero falta en la ejecución.

Claro que sí. Hay muchas áreas en las que se debe trabajar, pero el acuerdo de paz es un punto de partida que da mucha esperanza. El acuerdo y el establecimiento de la Unidad de Búsqueda le reinyectan voluntad política al esfuerzo de dar cuenta de las personas desaparecidas, pero hay un número de elementos que hay qué preparar aún. Por ejemplo, hay que tener la legislación que garantice las funciones respectivas de las entidades en el proceso. A nivel institucional y operativo se tendrá que desarrollar una estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que contemple la garantía de los derechos de los familiares. También existe la necesidad de tener un registro central robusto.

¿Qué protocolos tiene ICMP para la búsqueda de personas desaparecidas?

Más que de protocolos, podemos hablar de principios y deben ser lo más altos a nivel internacional. Tiene que haber un proceso de transparencia, con altos estándares, que le permita a las víctimas acceder a la plenitud de sus derechos (información, protección jurídica, justicia, verdad, reparación y no repetición). Se necesitan métodos científicos, como el de identificación con ADN, que den certeza científica innegable; hay casos en Colombia donde este método ha permitido corregir errores en la identificación inicial, como pasó con el Palacio de Justicia.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dijo en 2016 que hay 60630 personas desaparecidas, pero en 2014 la Fiscalía dijo que eran unos 24 mil. ¿Cómo se deben revisar entonces las cifras?

Es necesario un registro central unificado, y además aceptado, como punto de partida. Antes de exhumar, de excarvar, es necesario un conocimiento de la magnitud del problema. La cifra que utiliza el CNMH es el resultado de tomar diferentes fuentes de información.

Pero uno de los principales problemas es la categorización de las víctimas. Utilizar las categorías antes de la identificación o de entender lo que pasó, es un error. El acuerdo de paz habla de los desaparecidos en el conflicto armado, pero ¿cómo podemos definir quiénes fueron desaparecidos en ese contexto y quiénes no? Es una discusión filosófica, política y semántica, que al momento de la búsqueda no es útil, porque el Estado debe de dar cuenta de todas las personas desaparecidas. Uno de los retos es sistematizar la información, considerando esas categorías, pero no utilizándolas como factores de inclusión o exclusión.

Es evidente que no se encontrarán a todas las víctimas, entonces

¿la Unidad de Búsqueda cómo puede garantizar que no haya impunidad?

El acuerdo de paz reconoció los derechos de las víctimas como un elemento central para la paz sostenible y estos derechos no se pueden separar. Así, la Unidad de Búsqueda es parte de un sistema integral, donde hay otras instituciones, como la JEP y la Comisión de la Verdad. En ese sentido, la contribución de la unidad estará en la medida en que por un lado, logre no solo identificar a las personas que desaparecieron, sino que ayude a esclarecer la verdad y que permita la búsqueda de la justicia por parte de las instancias adecuadas.

Pero la Unidad de Búsqueda es extrajudicial…

Es una unidad extrajudicial en su función, pero eso no conlleva que los hechos de la desaparición no puedan ser investigados en otras instancias. No es una función que realizará la unidad, pero el derecho a la justicia seguirá vigente. La posibilidad de justicia existe en la medida en el que el sistema tenga la visión integral definida en el acuerdo de paz. El que un familiar tenga un caso ante la unidad, no le debe impedir el acceso a otras entidades, como la Comisión de la Verdad, la JEP o la justicia regular.

¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos de los familiares de las personas desaparecidas que no son encontradas?

¿Quién define que no se han encontrado? ¿Cómo se determina que ya se han agotado todas las instancias? Debe ser la ley. Te doy el caso de Bosnia: hubo casi 30 mil personas desaparecidas, de las cuales se han encontrado el 70 %. A veinte años del proceso, la posición es que los esfuerzos deben de continuarse y se debe mantener la vigencia de la participación de la sociedad civil en la búsqueda. Más aún, los familiares, aún cuando sus seres queridos no hayan sido encontrados requieren protección jurídica. Hoy, como en diez o quince años, a los familiares se les debe dar espacios para participar en estos proceso.

O sea que a la hora de hacer la búsqueda y la identificación, las autoridades deben de tener en cuenta a las víctimas.

Claro, lo dice el punto cinco del acuerdo de paz, que la víctima es central en estos procesos. Los familiares de las víctimas son esenciales para un proceso efectivo. Sin ellos, sin que tengan la posibilidad de reportar a su desaparecido y sin que den información genética de referencia, el proceso no podrá tener éxito. Y finalmente, dado que nunca pararán de buscarlo, van a fiscalizar y monitorear a las instituciones, y a llamar la atención de las ineficiencias. El proceso de búsqueda y de dar cuenta de las personas desaparecidas es un proceso para los que están vivos, para los familiares, para que vuelvan a confiar en el Estado.

Ya hablando del trabajo de ICMP, ¿qué experiencias significativas hay en otros países?

El problema de personas desaparecidas es global. Existen procesos de búsqueda en casi cualquier país, los hay, por ejemplo, en Argentina, Chile, Perú, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, Irak, Siria. En el caso de los Balcanes Orientales, donde estamos hablando de 40 mil personas desaparecidas, de las cuales, con apoyo de la ICMP, los estados de la región dieron cuenta del 70 %. No existe ningún otro caso en el mundo con ese nivel de éxito. La experiencia de la comisión es que, dar cuenta de personas desaparecidas es posible con éxito, y no puede ser un proceso moral o ético, sino que es un proceso de derechos.

De las lecciones de esas experiencias, ¿cuáles pueden aplicarse en Colombia?

Todas. En el caso de Bosnia, como en el de Colombia, el papel de los familiares es esencial, por eso es importante que haya apoyo financiero y político a las organizaciones de familiares desaparecidos, para que tengan espacios de participación y movilización. Es gracias a ellos que el acuerdo de paz menciona el tema de las personas desaparecidas. Otra lección es el proceso de consolidación eficiente de la información y de la utilización del ADN como método primario de identificación. Y, además, que tiene que ser un proceso regido por el Estado de Derecho para poder rendir cuentas: las instituciones tienen que ser transparentes, deben mantener a los familiares informados de sus acciones y deben rendir cuentas de sus acciones para ser vigentes.

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