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Se esfumó la paz en Algeciras

Cuando el silencio de las balas parecía haber cesado para siempre, cuatro años después, volvieron a causar angustia, desplazamiento forzado, llanto, muerte y dolor en los habitantes de la ‘Despensa Agrícola del Huila’.

Por: Armando Parra Londoño

Cuatro años, eso fue lo que duró la tan anhelada paz en el municipio de Algeciras, producto de la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político.

Una dicha que duró poco, así lo aseguran sus habitantes de esta población ubicada en la zona nororiental del departamento del Huila que limita al norte con el municipio de Rivera, al sur con Gigante, al occidente con los municipios de Hobo y Campoalegre, y al oriente con San Vicente del Caguán y Puerto Rico, departamento del Caquetá.

Sus habitantes, temerosos, volvieron a cerrar temprano sus negocios, llegar a la población como forastero implica estar nuevamente en la mirada extraña de quienes merodean sus calles. Situación que había cambiado, cuando creyeron que se habían silenciado para siempre los fusiles y que podían ser reconocidos como aquella población amable de puertas abiertas que por décadas se resistió a los atentados terroristas, las muertes, el desplazamiento y los secuestros.

Históricamente, y con ocasión de los corredores estratégicos de movilidad entre los departamentos de Huila y Caquetá, esta zona fue controlada por las Farc a fin de movilizar tropas, droga, suministros y armas entre las regiones centro, suroccidental y amazónica del país, ventaja geográfica de la que gozó la Columna Móvil Teófilo Forero hasta el año 2015, como fuerza de combate con influencia de los departamentos del Huila y Caquetá.

Y es por estas características geográficas y naturales las que mantienen el interés de las actuales estructuras armadas ilegales sobre el municipio de Algeciras y sus zonas aledañas, en aras de tomar nuevamente el control territorial y comunitario de los espacios dejados por la ya referida guerrilla de las Farc, y lograr así una interconexión eficiente entre las regiones centro, suroccidental y amazónica del país, a saber, la subregión del Caguán en el departamento del Caquetá con los Llanos del Yarí y la Macarena, el Tolima a su paso por el Valle de las Hermosas y el departamento del Cauca por la vía Gigante-Tesalia-La Plata), corredor estratégico para el narcotráfico, tránsito de personas, productos y material logístico.

De la mano de estos intereses y la importancia del dominio territorial, se vienen presentando hechos violentos, que según las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, tienen en máxima alerta a esta población.

Ante el aumento de casos extorsiones, asesinatos y desplazamientos, las autoridades han reforzado la presencia militar en la zona. Sin embargo, esto parece no ser suficiente.

Según la Defensoría del Pueblo, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el municipio de Algeciras y sus zonas aledañas vivieron un relativo desescalonamiento del conflicto, mayormente asociado a la retirada de los integrantes de las Farc del municipio (incluso del departamento), toda vez que en jurisdicción del Huila no se instalaron Zonas Veredales ni Puntos Transitorios de Normalización.

Esta situación demarcó un punto de inflexión en la trayectoria del conflicto, y resultó en el incremento de actividades de delincuencia común, expendio de sustancias alucinógenas en zona urbana y rural, actividades que las Farc desincentivaron por cuenta de sus mecanismos violentos de control territorial y poblacional.

Asimismo, comenzó a evidenciarse un accionar embrionario de grupos de personas armadas que no se acogieron al proceso de paz, y la presencia de grupos armados incipientes que adoptaron las denominaciones de los frentes de la extinta guerrilla.

En este orden, y desde 2017, se comenzaron a evidenciar casos de amenazas, homicidios y extorsiones a pobladores, comerciantes, servidores públicos, personas en proceso de reincorporación y excombatientes de las Farc a manos de grupos armados, que intensificaron su presencia y accionar violento de manera paulatina.

Esta transformación en la dinámica del conflicto fue advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana Nº 063 de 2018, documento de advertencia en el que detallan sobre la conformación de organizaciones armadas ilegales (facciones disidentes de las Farc), y las expresiones de violencia asociadas a su intención de dominio y expansión.

Aparecieron los disidentes

Para el 2019, y de acuerdo a inteligencia militar comienza a observarse en la región la presencia y accionar de presuntas facciones de disidentes de las Farc, entre las que se encuentra las llamadas “comisiones” de Frentes no acogidos al Acuerdo Final y la autodenominada Segunda Marquetalia.

Esta confluencia de estructuras armadas ilegales comienza a manifestarse con la circulación de panfletos, cobro masivo de extorsiones, amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados en la zona urbana y rural con especial grado de afectación en la población en proceso de reincorporación, líderes y lideresas sociales residentes en el municipio.

Una revisión de las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el periodo 2019, devela la ocurrencia de 67 amenazas y 147 desplazamientos forzados.

En lo corrido de 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró un total de veintinueve amenazas y cuarenta y tres desplazamientos forzados, cifras que también preocupan a la Defensoría del Pueblo, que ha señalado que de no tomarse acciones de carácter preventivo, podrían incrementarse y superar el registro del periodo anterior.

Similar comportamiento presentan las estadísticas de la Policía Nacional-Dirección de Investigación criminal, que señala un total de veintinueve amenazas para 2019 y cincuenta en lo corrido de 2020.

Extorsiones

Durante 2019 y lo corrido de 2020, la Defensoría del Pueblo, identificó que en el sector de Turí, zona sur del municipio de Algeciras, contiguo y compartido con el municipio de Gigante, se incrementaron significativamente las extorsiones a pobladores, comerciantes, agricultores y Juntas de Acción Comunal.

En este periodo según testimonios de varios moradores se vieron transitar y pernoctar esporádicamente un grupo de personas armadas que se identificaron como integrantes de los frentes 40 o 62 de las Farc, quienes habrían adoptado la práctica de citar en el sector de Turí a personas y comerciantes del municipio de Gigante.

Según conoció N-24 Noticias, en el informe se da fe que constantemente, se observa el tránsito de pobladores desde la cabecera de Gigante hasta el sector referido, que se disponen a realizar el pago extorsiones al grupo armado, como a negociar montos o retribuciones.

Este grupo sería responsable de la muerte de dos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Guadalupe y Alto Cachaya del municipio de Gigante.

Es así como en el 2019, y como consecuencia de las operaciones de registro y control adelantadas por la Fuerza Pública (entre las que se encuentran allanamientos a viviendas y requisas), se efectuaron varias capturas en los departamentos de Caquetá y Huila, zonas centro y oriente del departamento, quienes serían los presuntos responsables de extorsiones, amenazas y asesinatos a nombre de las Farc en los municipios de Algeciras, Campoalegre y Gigante.

Si bien desde las capturas realizadas disminuyó la presencia y tránsito de este grupo por el sector de Turí, se conoce que los alias de algunos de sus cabecillas siguen siendo utilizados en varias zonas del municipio para fines extorsivos, la comisión de amenazas e intimaciones a los pobladores.

Cronología de los homicidios

Infografía tomada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

A toda esta situación de extorsiones, amenazas, desplazamiento y zozobra, para finales del 2019, comenzaron a ser asesinadas varias personas que de manera directa e indirecta estaban asociadas a la transformación de la paz en la región.

El primero de los crímenes ocurrió el día 16 de diciembre, en el sector de Quebradón Sur, zona rural de Algeciras fue asesinado el exintegrante de las Farc Ricardo Lee Patiño. Según las autoridades junto al cuerpo se encontró un panfleto alusivo a la Columna Móvil Teófilo Forero, desde entonces de manera sistemática varias personas han sido silenciadas para siempre.

En enero del 2020 un nuevo hecho de sangre empañó el inicio del año, con el asesinato de Mireya Hernández Guevara, lideresa comunitaria, quien se desempeñó como Tesorera de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio, varios habitantes del sector aseguraron que Hernández, habría adelantado diversas actividades de liderazgo comunitario, particularmente, de fortalecimiento organizativo de los vendedores informales del municipio.

Tres días después del crimen de la lideresa, el 11 de enero, se conoció del asesinato de Jhon Fredy Álvarez, reconocido líder campesino y agrario, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras (Astracal) y miembro de Marcha Patriótica.

El día 21 de febrero, las autoridades fueron informadas de un nuevo homicidio, esta vez la víctima fue Esder Pineda Peña, excombatiente de las Farc. Los hechos se presentaron en el lugar de su residencia, ubicada en el barrio La Floresta de la cabecera municipal. Pineda Peña, era líder comunitario y vicepresidente del Concejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz – Cooagropaz.

Los asesinatos sistemáticos continuaron y el 6 marzo fue ultimado a bala Humberto Guzmán Morales. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Aguas Negras de Algeciras, corregimiento de La Arcadia.

Para el mes de mayo se registran los homicidios de Saúl Rojas González, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Juanito, de la cabecera de Algeciras y el Monroy Buitrago Rojas, agricultor y habitante de la vereda Guayabo, quien fue sacado de su vivienda a manos de hombres armados, y horas después, fue encontrado su cuerpo.

Acciones

Ante esta situación la alcaldía de Algeciras en coordinación con la Gobernación del Huila, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, implementaron una estrategia de enlace con los líderes sociales, campesinos y organizaciones de base del municipio para la detección temprana de riesgos, la gestión en protección y el estableciendo canales de comunicación institucional para la reacción oportuna de las entidades concernidas ante eventuales vulneraciones de los derechos a la vida, integridad, libertad, y seguridad. Indicó Juan de Jesús Romero, secretario de gobierno de la población.

El miedo persiste y sus pobladores no dan por terminada la ola de violencia que se volvió a ensañar con ellos, muchos de los que se tuvieron que ir por miedo aseguran que prefieren salvaguardar sus vidas y la de su familia.

Así lo manifestó *Carlos quien tuvo que salir desplazado por el temor y la incertidumbre que le genera el devenir de su familia, pero dejó claro que por el momento lo importante es estar a salvo. “Pedimos salir ya porque si nos quedamos nos matan”, expresó el hombre de 52 años de edad, mientras se disponía a presentar su denuncia en la Personería Municipal.

Como él, son más de 200 personas las que por el temor de perder la vida han tenido que dejar sus tierras, aquellas que por años añoraron volver a poseer y de la cual pudieron disfrutar no más de cuatro años cuando se creyó que la paz había vuelto a reinar en Algeciras, pero que hoy se les volvió a esfumar.

*Nombre cambiado por solicitud de la víctima.

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